Juan Lewis, ministro de Justicia, opinó sobre el nuevo Código Civil y Comercial
A nivel del Poder Judicial no sabría decírselo, puesto que esas cuestiones dependen de la Secretaría del Gobierno de la Corte, que viene haciendo una tarea de informatizar progresivamente los tribunales, incluso empezar a tener una plataforma en donde dar a publicidad tanto los fallos como los expedientes mismos. Pero es una tarea que es bastante incipiente pero se está trabajando profundamente, hasta donde yo sé. El grado de avance tendría que decírselo gente del Poder Judicial. Yo puedo comentarle de muchos servicios auxiliares en ese aspecto, como son los tiene que ver con algunos programas en los que el Poder Ejecutivo ha estado trabajando para el nuevo Sistema Procesal Penal, y también lo que se está haciendo en el Registro de la Propiedad y en el Registro Civil.
-Sobre eso, la misma pregunta pero desde otro costado. Este año, a usted le va a tocar en su Ministerio, hacer la proyección económica para el 2016. Y en concreto la pregunta es qué pasa con el presupuesto 2016, según su mirada y según costes nuevos que a mí me parece, le estoy preguntando, están aumentados porque la tecnificación, la informatización, todo nuevo manejo lleva a un armado distinto. Eso es lo que supongo, usted me dirá.
En realidad, esas cuestiones, las oficinas técnicas pueden prever estos mayores costos que tiene que ver con la inflación y con estos insumos. El punto es que nosotros hace rato que venimos con una tarea de esta naturaleza, y tiene una previsión presupuestaria que ya se viene cumpliendo. En concreto, quizás el aporte más interesante no se da por el lado del presupuesto sino que lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Registro de la Propiedad, que le decía que estamos avanzando en una tarea, la verdad, inconmensurable, que es la digitalización de todos los documentos que están en el Registro de la Propiedad, la provincia, se hace con fondos de la Ley Convenio, que son fondos públicos pero que los administra el Colegio de Escribanos. Con ellos, junto con el Colegio de Escribano, tanto de la primera como de la Segunda circunscripción, como se comunicó en su momento, se avanzó en esta tarea de digitalizar todos los documentos que integran el Registro de la Propiedad, y a la vez, en la elaboración de un programa que permita vincular todas esas bases de datos, lo que indudablemente da, en primer lugar, un acceso mucho más rápido a esta información, la posibilidad de vincular estas bases de datos, la posibilidad de generar nuevas matrices de búsqueda. Por ejemplo, buscar por DNI, por titular.
-Eso, además de trabajo, carga horaria y técnica, ¿no incide en un estimado para presupuesto 2016 y que sea mayor?
No, pero como le decía, en el Registro de la Propiedad esto se maneja con unos fondos que no están en el presupuesto, sino que son los fondos de la Ley Convenio, que administra el Colegio de Escribanos. Se hizo mediante un convenio bastante publicitado en su momento, hacia fines del año pasado, con la Universidad Tecnológica Nacional, que es la que está haciendo toda esta tarea de digitalización y también generando estos programas informáticos para poder intervenir en esos escaneados.
-Estamos terminando el octavo año del sistema de los nodos, que reformuló el posicionamiento de la provincia en cuanto a gestión. Valdría un análisis suyo sobre su Ministerio y estos cinco nodos.
La determinación de los nodos tiene que ver con la reforma política que esta actividad central, desde el Ministerio de Gobierno, que ha tenido mucho trabajo en este aspecto y que, a mi juicio, ha acercado el Estado a la ciudadanía. Los nodos, especialmente para ministerios tan técnicos o tan nuevos y jóvenes, como es el que está a mi cargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no tiene a veces una base territorial, como podrían tener otros ministerios, como el Ministerio de Seguridad o el de Educación, o el Ministerio de Salud, que están mucho más extendido territorialmente, en lo que respecta a nuestro ministerio han significado, prácticamente, tener una delegación para acercarnos al territorio, para poder prestar servicios, asesoramiento, información, asistencia al ciudadano, de una manera más eficaz y mucho más cercana. Eso es lo que tiene que ver con el Ministerio a mi cargo. Esa es la experiencia que yo puedo trasmitir.
-Está en funciones, ya, el nuevo Código. Muchos han centrado el tema en divorcio, y la verdad que es una sustancia buena para el periodismo y para el comentario. Pero a mí se me hace que la responsabilidad del funcionario, que es uno de los temas que se resuelve acá también, es otro eje. ¿Cómo mira usted este nuevo Código y la reformulación para con los deberes de funcionarios públicos –y si mete la pata cómo se soluciona-? Supongo que habrá tenido una mirada sobre esto.
En realidad, en líneas generales, nosotros hemos tenido bastante trabajo con lo que es la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. No tanto por lo que usted dice, sino por aquellos servicios auxiliares de la justica que están a cargo de este ministerio y que tienen que ver con formas que se hacen en este Código Civil y Comercial. Puntualmente por todas estas nuevas tareas que se ponen en cabeza del Registro Civil que, como usted sabe, dependen d este ministerio. También hay novedades, bueno, usted sabe que en derechos de familia hay muchas reformas en este Código, reformas que tiene que ver con modernizar la legislación y atender a nuestras situaciones. Y bueno, el Registro Civil depende de este ministerio, entonces ahí hemos tenido que diseñar nuevos circuitos de trabajo para proveer a estas nuevas instituciones y a estas nuevas maneras de hacer las cosas que trae el Código Civil. También el Registro de la Propiedad está afectado por estas transformaciones y el Registro de la Propiedad depende de este ministerio. Igual el Registro únicos de aspirante a guarda con fines de adopción, que en realidad era un avance institucional, vista ahora que salió el Código. Es decir, la provincia de Santa Fe tiene alguna trayectoria en relación a otras provincias que no tenían previsto este sistema, este mecanismo de registración para quienes vayan a tener una búsqueda pre adoptiva, y ahora el Código, en su artículo 600, establece que necesariamente las personas deben estar registrada, las personas que pretendan ser adoptantes deben estar inscriptas en un registro para llegar a esta instancia pre adoptiva. Eliminando lo que se conocía como sistema de guardia directa, que estaba en el Código que ahora está perdiendo vigencia. Esta es una modificación normativa que va a traer un impacto cultural muy grande. En líneas generales, yo creo que el impacto del Código es un impacto amplio porque el Código Civil es el que regula cosas que los ciudadanos hacemos todos los días. Todos los días alguien nace, todos los días alguien muere, todos los días alguien se casa, alguien se divorcia, todos los días celebramos distintos contratos, y todas estas cosas merecen una previsión, una regulación en el Código Civil y Comercial.
En lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, con la responsabilidad de los funcionarios públicos, aquí lo que ha sucedido es que hay un viejo debate, que ya estaba instalado jurídicamente, entre los que tienen una mirada más propia del derecho administrativo y los que tienen una mirada más proveniente del derecho privado. El Código ha hecho una opción más cercana a la primera, que por otra parte ya estaba adelantada en algunas resoluciones de la Corte Suprema, y por eso entonces ahora hay que hacer una regulación específica en las distintas jurisdicciones sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Este tema, como muchos otros en realidad, está generando debate y se lo achacan al Código porque hay algún fantasma de que el impacto del Código va a ser terrible en la comunidad y en realidad yo creo que hay que desdramatizar un poco, porque si bien se trata de un código que viene a reemplazar a otro que está redactado en el siglo XIX y que tuvo un siglo y medio vigente y este es un código bastante más moderno, el código este tampoco trae instituciones ni artículos, ni modalidades de trabajo, traídas del aire, sino que en la mayoría de los casos lo que está haciendo es consagrando o cristalizando cuestiones que ya estaban instaladas en el debate jurídico y que habían tenido un mayor o menor reconocimiento, incluso en fallos, o que muchos estaban previstos en leyes que se iban agregando como legislación complementaria al Código. Entonces, si bien el impacto del Código va a ser en toda la cotidianeidad de la vida jurista del ciudadano, no va a ser un impacto traumático. Van a ser cosas que, de una u otra manera, y estaban, sino insertas, por lo menos debatidas o presentes en la cultura jurídica de los argentinos.
-Entiendo en usted un aval enfático al nuevo Código.
En una legislación tan vasta, como es un código, indudablemente hay tópicos en los que uno hubiera querido que se regulen de otra manera o hubiera preferido…
-¿Hay alguno en específico?
Sí, por supuesto. A mí no me gusta que se haya suspendido algo que estaba en el ante proyecto original, que hablaba de la regulación expresa de la función social de la propiedad privada. De todos modos, le reitero, en una legislación tan vasta, todos los juristas van a disentir con alguno u otro aspecto.
-Siempre hay una biblioteca dividida para cada cosa.
Claro. No se puede pretender que estén todos de acuerdo. Pero en líneas generales, yo creo que este Código es una necesidad. Y en algún momento hay que dar este paso. Y obviamente toda ley, sobre todo una ley tan vasta, es hija de un consenso, donde uno resigna algunas cuestiones que le gustaría que estén hechas de otra manera en aras de generar que por fin se dé la necesaria modernización
-Pregunto sin tener una respuesta clara. Es más, creo que estoy preguntando algo equívoco, pero debo hacerlo. De algún modo este Código, que es nacional, ¿obliga a la provincia a allanarse algunas cuestiones? ¿O simplemente el hecho de ser nacional libera y pone a todos los habitantes en el mismo plano? ¿O hay alguna organización provincial que debe asumir y decir: “sí, acepto o adhiero?
¿Usted dice que resulte como una imposición?
-No. vamos a una de las cuestiones, que es esto de la culpa –permítame la palabra- o la responsabilidad de un funcionario público y que un funcionario público provincial diga: “esto lo dice el Código nacional o es interpretación pero la provincia no pertenece, no nos toca”. ¿Puede suceder algo de eso?
Mire, la cuestión es la siguiente. Nuestra Constitución diseña un reparto de competencias legislativas en su artículo 75, donde establece que las provincias delegan en el Estado central la posibilidad de legislar sobre determinados tópicos. Esa cuestión está claro que es una competencia del Congreso, es decir, del Estado Federal, la ha dictado un Código Civil y Comercial. Ahí no hay absolutamente ninguna duda…
-Somos todos habitantes y todos bajo el mismo paraguas.
Exactamente. Digamos, y de hecho existió un Código Civil y Comercial que tuvieron un siglo y medio de vigencia. Ahora esta legislación se unifica, ¿no? Pero a veces las regulaciones de fondo avanzan con el dictado de normas procesales, o de normas administrativas, que son competencia de las provincias, del as legislaturas locales. Entonces ahí se plantea la discusión de hasta qué punto son legítimas. No es una discusión que esté totalmente saldada, porque a veces la regulación requiere una revisión procesal que le garantice su propia existencia. Entonces, es inevitable que el Código de fondo lo regule. Este Código trae bastantes normas que avanzan sobre la cuestión procesal, como el Código de Vélez también traía algunas. Se dice que este también trae bastantes. A mí juicio, yo no detecto ninguna que sea escandalosamente avasalladora de las competencias locales. Pero indudablemente a medida que el Código empieza a tener su rodaje, bueno, se van a empezar a analizar todos los institutos, la pertinencia de la regulación de cada instituto y de la previsión de cada uno de los derechos que trae el Código, y se verá la razonabilidad o no de cómo ha sido regulado. En principio, yo no advierto ninguna de esta naturaleza.
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